Idi Ezkerra Fundazioa

Javier Orozco llega a la gente cuando habla. Su discurso cala hasta los huesos cuando relata la dramática situación de nulo respeto a los derechos humanos que padece Colombia. 

Este activista del movimiento campesino, ex presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, hace 8 años que está refugiado en Asturias por las amenazas de muerte y la persecución que sufrió en su lucha por los derechos de los campesinos a la tierra. Actualmente coordina el Programa Asturiano de Acogida y es miembro de la Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia. El programa da asilo temporal en Asturias a personas amenazadas en Colombia. Desde su puesta en marcha, han pasado por él más de 60 activistas, sobre todo sindicalistas.

Javier estuvo con Idi Ezkerra en Donostia para recordarnos lo que sucede en su país, y ofrecer algunas claves sobre lo que estaba en juego en las elecciones presidenciales a celebrar el domingo 30 de mayo, en materia de pacificación y respeto a los derechos humanos.

El encuentro tuvo lugar en la Biblioteca Doctor Camino de San Sebastián, dentro del ciclo de conferencias Voces contracorriente que lleva a cabo Idi Ezkerra. Su verbo fácil, pero contundente, transmite con crudeza y fina ironía un panorama terrible. “Tengo 85 nombres tachados en mi agenda de teléfonos. Todos han sido asesinados”.

Para Orozco, ninguno de los dos candidatos principales va a cambiar nada para buscar la tan ansiada paz en el país después de un largo conflicto social, político y militar que dura ya más de 60 años. “Santos es la reencarnación de Uribe, y Mockus es un personaje autoritario, perfectamente enraizado en el sistema, que no cuestiona la dialéctica de guerra de los otros. Podemos cambiar el payaso, pero el circo es el mismo”.

Orozco nos recordó que la población civil colombiana sigue siendo la principal víctima del conflicto militar, al no respetarse la distinción entre combatientes y  población civil. Son frecuentes los ataques contra los colectivos más vulnerables, como los sindicalistas, defensores de los derechos humanos y grupos étnicos, en la mayoría de los casos con responsabilidad de los empresarios, de las fuerzas de seguridad del estado, y de sus aliados de los grupos paramilitares.

En Colombia – señaló- “hay miles de personas desaparecidas, la mayoría a manos de la fuerza pública y los grupos paramilitares. Colombia tiene una cifra superior a 7.000 prisioneros políticos, muchos de ellos encarcelados sin juicio mediante montajes judiciales para desbaratar la oposición social y política”.

Nuestro invitado quiso dejar clara la distinción entre la guerrilla y los activistas del movimiento campesino. Afirmó que en esencia, los planteamientos de unos y otros coinciden, pero que ellos no comparten los medios violentos. En cualquier caso, recordó “que aunque rechacemos explícitamente el recurso a la violencia, eso no nos saca del punto de mira de las fuerzas paraestatales, no nos salva la vida”.  De hecho, dos de los activistas que han participado en el programa de asilo temporal en Asturias fueron asesinados por paramilitares cuando regresaron a Colombia.

Nuestro invitado recordó que la Unión Europea y en concreto España hacen grandes negocios con el gobierno de Uribe.  Según nos dijo, España es el segundo proveedor de armas a Colombia tras EEUU, y otras muchas empresas  españolas se apoyan en el gobierno terrorista de Uribe. Por eso, reclamó que la opinión pública presione para que esto deje de ser así, “porque los negocios no pueden ponerse por encima de la vida de las personas”.